Tocar un tema tan delicado como lo es el de las fosas comunes en nuestro país, se convierte en todo un tratamiento subjetivo, aunque el ejercicio periodístico haga claridad de la imparcialidad que se debe tener al momento de mostrar una noticia o tema específico. Sin embargo, cuando se vive tan de cerca una realidad que sigue patente, y con la cual nos vemos conmovidos, la imparcialidad y “objetividad” pasan a un segundo plano. Dicho esto, haré claridad de lo que a continuación expondré relacionado con este tema. Voy a ocuparme en mostrar ambas versiones, de la manera más imparcial que me sea posible, con algunas anotaciones y comentarios –muy personales- al respecto.
No podemos negar que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez ha dejado un legado grande en el país. De una manera u otra, este personaje se convirtió en uno de esos que es imposible tenerlo en afectos medios, o se le quiere o se le odia, punto. Una de sus políticas más importantes, que fue quizá la imagen principal de su gobierno. Incluso llegó a convertirse en parte de su deformidad física (uno de sus tres huevos), como lo diría Daniel Samper Ospina, es la política de seguridad democrática.
La historia colombiana ha sido una historia básicamente marcada por la violencia, el narcotráfico, las guerrillas y grupos al margen de la ley. No obstante, durante los 8 años del periodo Uribe, el reto era acabar con esta violencia que se ha convertido en uno de los principales referentes y el imaginario substancial del país en el exterior. Con su política de seguridad democrática, el presidente Uribe dio varios pasos importantes en la lucha contra las guerrillas, logrando desarticular gran parte de éstas. No obstante, el costo que la sociedad civil tuvo que pagar por estos “triunfos” en la seguridad, fue realmente alto. Los más de mil casos confirmados y documentados –a diciembre de 2009- de los mal llamados “falsos positivos”, son una muestra del verdadero alcance de la seguridad democrática del señor Uribe.
La fosa común encontrada La Macarena, ha sido considerada la más grande de América latina. Según las cifras entregadas por Iván Cepeda, representante a la Cámara por el Polo Democrático, son un total de 1632 cadáveres en cuatro cementerios, distribuidos de la siguiente manera: 507 cuerpos en La Macarena, 460 en Granada, 161 en Vista Hermosa y 504 en San José del Guaviare. De la misma manera, en la audiencia CONTEMOS LA VERDAD, realizada en la Serranía de la Macarena, el 22 de Julio de 2010, convocada por la senadora Gloria Inés Ramírez y en la que participaron delegaciones de organizaciones de DDHH nacionales e internacionales, Cepeda manifestó que “El gobierno ha presentado el laboratorio de La Macarena, como el más exitoso alcance de la seguridad democrática y como una zona que ha sido recuperada y consolidada. Lo que muestra esta audiencia, es que no ha habido ninguna recuperación del territorio, sino un arrasamiento sangriento del territorio bajo el gobierno del presidente Uribe y bajo el ministerio de defensa del señor Juan Manuel Santos (…)”[1]
En dicha audiencia, muchos campesinos de la zona dieron sus testimonios acerca de la desaparición de sus hijos, amigos o familiares y su previo encuentro en la misma fosa común que el gobierno se ha encargado de encubrir. El representante del partido de la U, Miguel Gómez, lo presenta de la siguiente manera: “quedó demostrado que aquí no hay fosas comunes. Quedó demostrado que es un cementerio público, que hay personas enterradas bajo los procedimientos judiciales legales, que hay un grupo de N.N. algunos de ellos combatientes de las FARC que nunca estuvieron identificados, hay personas del municipio que fueron enterradas por los pobladores probablemente sin llevar a cabo los procedimientos judiciales previstos por la ley, pero aquí no hay una fosa común del Ejército ni en la Macarena ni en ninguna parte del país. No es una Política de Estado masacrar y enterrar gente en fosas”[2].
Muy probablemente no es un política de Estado masacrar y enterrar gente en fosas, pero “el gobierno del presidente Álvaro Uribe, mediante la resolución 29 del 17 de noviembre de 2005, autorizó el pago de recompensas por la información que condujera a la captura o muerte de los miembros de los grupos al margen de la ley.”[3] Esta resolución se convirtió en uno de los principales incentivos para que las FF.MM colombianas, disfrazaran la población civil de guerrilleros –la misma población que, se supone, deben proteger con sus propias vidas- y cobrar las recompensas ofrecidas por el Estado; “a nadie decente o medianamente sensato, se le puede ocurrir que una vida humana valga entre 800 y 1500 dólares. Excepto, claro está, al ex ministro de defensa Camilo Ospina Bernal, escudero del presidente Uribe”.[4]
Pero a pesar de las pruebas y las investigaciones que se han dado a conocer, aún se sigue negando la implicación del Ejército Nacional en los hechos, y hay quienes niegan incluso una leve insinuación de las FF.MM. En este punto quisiera contrastar dos afirmaciones. Una, hecha por el Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, quien afirma que “nuestras Fuerzas Militares y de Policía son las principales defensoras de los derechos humanos y las libertades públicas de los colombianos”[5]. Inicialmente, el señor Rivera, al hacer tal afirmación, deslegitima las múltiples investigaciones e implicaciones del Ejército en todos estos casos de “falsos positivos”. Por otra parte, cómo puede ser garantía de libertades y derechos humanos el reclutamiento forzoso de jóvenes, que hace el Ejército Nacional, ya sea para pasarlos como guerrilleros o para que presten su “servicio militar”, cuando el artículo 12 de la Constitución Política dice que “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; parece que nuestras FF.MM desconocieran por completo esta norma, pues es precisamente eso que dice que no se debe, lo que ellos hacen.
La otra afirmación es la que hace el señor José Obdulio Gaviria, en uno de sus artículos de El Tiempo, llamado Alertas Tempranas II, en la que dice que (refiriéndose a Las Farc) “Los asesinos profesionales no tienen lógica: actúan por reflejos condicionados. (…)¿Cómo, cuándo y dónde reciben los guerrilleros y milicianos el mensaje que los convierte en robots asesinos?”. En ese punto y en el interrogante coincido con el señor José Obdulio, pero amplio el cuestionamiento también a nuestros llamados “Héroes de la Patria”. Mejor les quedaría el apelativo de “Asesinos del pueblo”. Si lo que la política de seguridad democrática buscaba era acabar completamente con la guerrilla, pues al menos le están montando una competencia grande, y quizá eso fue lo que motivó al ELN y Las Farc acordar una tregua y no luchar más entre ellos.
Si es verdad ese refrán que dice El que a hierro mata, a hierro muere, entonces el equilibrio natural se encargará de cobrar las vidas de los centenares de jóvenes desaparecidos, asesinados y difamados como guerrilleros, porque quizá nuestra justicia cojee tanto, que no alcance a llegar. Además, los intereses políticos de un lado u otro, impiden que la verdad sea completa, sea porque digan que sí hay fosas o porque digan que no, hay otras cosas de por medio que no conocemos a fondo. Lastimosamente, en Colombia, incluso morir, se vuelve un conflicto político; incluso es difícil descansar en paz.
Pero guerrilleros o no, los cadáveres encontrados en esas fosas no llegaron ahí solos. Esperamos el esclarecimiento de estos hechos, la reparación de las víctimas y el análisis de la seguridad democrática, “que como lo demuestran los hechos es la responsable de la segunda crisis humanitaria más grande del mundo, después de Sudan y la primera del hemisferio occidental”. [6]
[2] Tomado de http://www.semana.com/noticias-nacion/debate-sobre-nn-cementerios-meta-guaviare/143583.aspx
[3] Zuleta Lleras, Felipe. “Los ‘falsos positivos’: Crímenes de lesa humanidad”, En: Las Perlas Uribistas. Bogotá, 2010.
[5] Tomado de http://www.semana.com/noticias-nacion/debate-sobre-nn-cementerios-meta-guaviare/143583.aspx
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