La libertad de prensa en Colombia está coartada por el Estado cuando le pide a los periodistas participar de procesos judiciales, de los cuales tienen conocimiento por las investigaciones que adelantan para escribir los reportes que deben a la sociedad. Las constantes insinuaciones de rechazo e injuria, por parte del gobierno hacia periodistas que denuncian casos de abuso por parte de éste a la comunidad amenazan la calidad del trabajo que los periodistas pueden en lograr, por ejemplo Hollman Morris y Claudia Julieta Duque.
El Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia promulga: “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.” El Gobierno, desde su deber ineludible de practicar lo que dice la Constitución, debería garantizar la protección de los periodistas y de todos los activistas que tienen que decirle algo a la sociedad.
El periodismo, de cierta manera, regula y vigila, dando a conocer todo lo que pasa en la sociedad de forma veraz, al Estado y a toda la nación. “Para la FLIP resulta inaceptable que los jueces citen a los periodistas como testigos en procesos judiciales para declarar sobre hechos que conocen por cuenta de su labor profesional. El hecho de que los periodistas tengan que declarar sobre los temas que cubren no sólo produce un efecto inhibitorio, sino que además pone en inminente riesgo el derecho a la reserva de la fuente. Los jueces deben agotar todos los medios probatorios posibles antes de solicitarle a un periodista que declare, y sólo en situaciones específicas - como la seguridad nacional o la estabilidad del Estado - se puede recurrir a ellos.” Los periodistas tienen condiciones ‘especiales’, precisamente para poder ejercer la vigilancia, que como enterados, pueden proveer a la sociedad.
“Pretender que los periodistas denuncien cualquier posible comisión de un delito por cuenta de su labor periodística es restringir de manera desproporcionada la libertad de expresión. El secreto profesional incluye la potestad del periodista de no divulgar la identidad de sus fuentes o algún tipo de información que la fuente haya entregado con la solicitud de que no se divulgue.”, manifiesta la Fundación para la Liberta de Prensa, FLIP.
Todos los periodistas, en su capacidad de exigir los derechos que le provee la constitución, debería defender sus fuentes y la información que proveen y consiguen, para poder seguir con la labor informativa que le exige el pueblo.
Los movimientos ciudadanos para el cambio social en Colombia son escasos, por no decir inexistentes. El mismo desconocimiento de los derechos y los deberes, que como ciudadanos tenemos, influye en la poca conciencia que se tiene al respecto. Es labor del periodista proveer la información necesaria para que haya cambios favorables en la sociedad, para que se tengan otras miradas de ella, además de las interesadas en controlarla. La independencia debe primar en el ejercicio del periodismo. Sin ella es imposible que la información no obedezca a los intereses de los grandes emporios económicos.
En Colombia ser periodista es un riesgo. El gobierno no los protege, y todas las acciones en contra de ellos son nuevas razones para dejar de practicar el oficio, como debe ser. La ética periodística da licencias en cuanto a la autocensura, uno de los problemas más graves por los que pasan los periodistas de este país.
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