Mientras algunos jóvenes parecen disfrutar de ambientes de rumba en las discotecas de la “Zona Rosa” de El Carmen de Viboral, los habitantes del sector tienen problemas para dormir, hacer actividades académicas y tener tranquilidad en su propio hogar.
Los residentes de La Alhambra llevan alrededor de diez años manifestando a la Administración Municipal su inconformidad con la dinámica comercial del sector, que invade acústicamente las 406 casas de la zona los fines de semana entre las siete de la noche y la una de la madrugada. Carlos Alberto Arias, habitante del sector, afirma que tiene que soportar el “desmesurado volumen musical” y algunas “peleas callejeras” los días donde quiere “descanso y sueño tranquilo”.
Un comité de representantes del sector hizo una solicitud formal en julio de 2004 con un derecho de petición que pedía control del volumen. La Administración de la época, al mando del ex alcalde Jorge Luis Orozco, respondió que los propietarios de las discotecas debían “adecuar acústicamente” los locales. Esta respuesta se quedó en el papel porque los dueños de los negocios expresaron no tener capital para ello. Más adelante, el comité instauró cuatro acciones de tutela sin lograr efecto alguno.
Para las 1.474 personas del sector se reclamaba derecho a la salud, al descanso, a la paz y al sueño; la respuesta fue un incremento de la cantidad de establecimientos de la zona y un aumento del sonido por la competencia de volumen que se da entre los negocios. Los habitantes del sector tuvieron que limitar sus quejas al exceso de horarios permitidos y a las peleas callejeras (ante el comando de policía), pero nada podían hacer cuando en las noches daban vueltas en sus camas sin poder dormir.
Cornare, la autoridad ambiental regional, efectuó una medición del nivel sonoro el 25 de abril de 2008. En el informe técnico se comprobó que hay un exceso hasta del 21.5% de lo permitido, que es 70 decibeles en cada establecimiento. Una nueva visita en mayo del año pasado constató que los establecimientos “no cumplen con la normatividad ambiental”. La “contaminación auditiva” es la que altera el bienestar de los residentes de la zona, que quieren vivir en su espacio y a su manera.
El sector figura en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2008-2011, como una zona de interacción múltiple (residencial, comercial, turística), por lo que la Secretaria de Gobierno, Beatriz Cecilia Mejía, afirma que “ellos están ahí por vías legales”. No obstante, en planes de ordenamiento anteriores la zona figuraba como residencial y los establecimientos funcionaban sin estar registrados ante Industria y Comercio; las administraciones de los últimos 10 años fueron permisivas al respecto.
Situación actual: en el juzgado
Actualmente se lleva a cabo una Acción Popular en contra de Cornare, la Administración Municipal y los trece establecimientos públicos con los que cuenta la Zona Rosa. La iniciativa reclama “medidas necesarias, concretas y eficaces” que disminuyan el impacto del sonido a lo estipulado por la norma.
El abogado que lleva el proceso, Andrés Felipe Arteaga, instauró la demanda que fue admitida el 16 de junio de 2009 en el Juzgado Veintiuno Administrativo de Circuito. El expediente contiene demandas, cartas, comunicados organizados cronológicamente; además, el pasado febrero, por un requisito en el juzgado, se recolectaron alrededor de 350 firmas de los residentes del sector que se anexaron al expediente.
La demanda ha sido lenta por nuevos requisitos que surgen en el trámite. Ahora está en traslado de contestación, es decir, se espera la respuesta de los demandados para proceder al fallo: Cornare, por ser la entidad ambiental regional; la Administración, por ser la directa encargada de los sucesos municipales; y los establecimientos públicos de la zona, por ser los directos responsables del sonido musical elevado, estos últimos “tienen poca información” al respecto, según Julián Alexis Narváez, administrador de La Tekilera ubicada en la Zona Rosa.
Un problema y otros más
La Secretaria de Gobierno afirma que es “imposible ceñirse a la normatividad”, puesto que el costo de una adecuación acústica generaría el cierre de negocios y el derecho al trabajo se vería violado. La Administración se enfoca en controlar los horarios permitidos y las alteraciones de orden público (a cargo del comandante de Policía Carlos Alberto Medina), pero no ejerce control sobre el volumen permitido en cada establecimiento del sector.
En el mismo POT municipal, se argumenta que la actividad comercial debe ser acorde con el desarrollo y las necesidades de los residentes de la zona y en los expedientes de los Consejeros Territoriales de Planeación se asegura que el parque del sector fue creado con un fin “tradicional, social y cultural”, no con la saturación de discotecas que “originan indisciplina social”. A este argumento se suman Luz Elena Ramírez y Socorro González, habitantes del sector.
Mientras tanto, los administradores de las discotecas continúan con su amplificación de sonido (la mayoría no están muy enterados del litigio) y los usuarios de estos lugares los fines de semana disfrutan del placer que les genera el baile, la música y el licor sin pensar en que hay otras personas que desean concebir el sueño.
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